El escenario económico pos electoral que se va configurando es preocupante. En el marco de las discusiones cambiarias se observa una suba significativa de la tasa de interés, una tendencia manifiesta a permitir el deslizamiento devaluatorio del peso y ahora un expectante ajuste de tarifas.
Habrá que ver si el ajuste inflacionario de los últimos cuatro años no le está abriendo la puerta a un escenario de resentimiento del nivel de actividad económica.
1) Estamos en presencia de un reconocimiento expreso del problema fiscal que, hasta el momento, el gobierno negó. El año 2011 termina con un déficit financiero que supera los $27.000 millones y la proyección fiscal para el 2012 si se repite la performance hasta hoy vigente lleva ese déficit a más de $50000 millones.
2) Es evidente que para un presupuesto nacional cuyo gasto se ubica en torno a los $500.000 millones, tener exenciones impositivas, subsidios y regímenes de promoción que superan los $124.000 millones es una verdadera barbaridad que exigía y exige una revisión. Máxime cuando los efectos que estos subsidios producen en términos de equidad social y de orientación adecuada de la inversión son por demás discutibles.
3) Se confirma que pese al discurso pseudo-progresista del gobierno nacional y popular y a las afirmaciones reiteradas de los funcionarios respecto a las virtudes de los subsidios, la maquinaria construida encerraba profundas injusticias. Ya sabemos por ejemplo que unos $4600 millones se destinaban a financiar a grandes empresas y a hogares de elevado poder adquisitivo, mientras el 47% de los hogares carece de cloacas, el 44% no tiene gas en red y el 22% no posee agua corriente. Precisar esto y señalar que el móvil oficial de las medidas en curso es resolver el deterioro de las cuentas públicas implica entender que en los momentos donde hubo capacidad de expandir el gasto la asignación de recursos públicos dejó mucho que desear y que ahora la eliminación es para equilibrar las cuentas y no para invertir en la solución de los problemas y urgencias sociales.
4) Estamos convencidos respecto a que es posible resolver esta madeja de subsidios sin descargar los costos sobre los hogares más postergados. Para esto es imprescindible segmentar adecuadamente a los distintos usuarios y terminar con las “rentas extraordinarias” de las empresas.
5) En este sentido, el enfoque oficial resulta sesgado e incompleto. No se puede abordar la discusión de los subsidios sin poner en consideración la estructura de costos de las empresas y por lo tanto, la correspondiente revisión respecto a la validez o no de la presente estructura tarifaria. El planteo oficial da por sentado que las tarifas son razonables y que lo único que debe hacerse es trasladarle los costos a quienes consumen. Una evaluación de la situación de petroleras, generadoras y transportadoras y sus consecuentes ganancias ampliaría los márgenes de acción de la política oficial y permitiría evitar injusticias con los consumidores. Máxime en un contexto donde los subsidios a la energía han convivido con las rentas extraordinarias de las petroleras, la falta de inversión y el aumento del costo de la energía por la suba significativa de las importaciones. Es bueno constatar que el ahorro de $4600 millones que se está buscando con estas primeras medidas no logra compensar los mayores recursos que el
Estado debe destinar hoy por el encarecimiento de la matriz energética. En este aspecto el Gobierno amplió el fondo fiduciario para la importación de gas creado en el 2008 de $1300 millones a $13000 millones.
6) Es este enfoque incompleto y por supuesto falto de democracia, ya que las decisiones actuales debieran tomarse en el marco de audiencias públicas e incorporando a las asociaciones de usuarios y consumidores en la Comisión que resuelve estas decisiones, lo que nos preocupa en función de la anunciada “personalización del subsidio”. Será vital el modo en que se gestione la evaluación de las declaraciones juradas respecto a la necesidad o no de los subsidios, a efectos de no cometer injusticias profundas en la eliminación de los mismos.
7) Al enfoque incompleto ya señalado que elude la consideración de la estructura de costos de las empresas y la revisión del vigente esquema tarifario, debemos adicionar una reflexión más. En una economía de alta concentración y conglomeración, la eliminación de subsidios cuyo objeto fue contener precios, debe acompañarse necesariamente de cambios en los marcos regulatorios de los diferentes mercados. De lo contrario, se abre la posibilidad cierta de que los ajustes tarifarios que originalmente puedan concentrarse en las grandes empresas, terminen sobre las espaldas de la comunidad vía traslado de los mayores costos al sistema de precios.
Compartimos plenamente la necesidad de fortalecer los ingresos públicos para dotar al Estado de mejores condiciones de intervención en un contexto de crisis mundial como el presente. No obstante, asombra que el gobierno no haya puesto en marcha decisiones tales como:
Restitución de las contribuciones patronales a las grandes firmas a los niveles del año 1993 cuando Domingo Cavallo las redujo a la mitad.
Derogación de los decretos menemistas de desregulación y libre disponibilidad del crudo en el sector de hidrocarburos.
Reforma impositiva con sesgo progresivo.
Revisión de la Deuda Pública y puntualmente de la que hoy se discute con el Club de París cuya mayor proporción fue contraída en la época de la Dictadura militar.
En ausencia de estas discusiones, la preocupación acerca del futuro es mayor habida cuenta del modo en que se va configurando el escenario económico luego de las elecciones. En el marco de las discusiones cambiarias se observa una suba significativa de la tasa de interés, una tendencia manifiesta a permitir el deslizamiento devaluatorio del peso y ahora un expectante ajuste de tarifas.
Habrá que observar cuidadosamente la gestión de lo anunciado y el rumbo final de la política oficial para terminar de confirmar si el ajuste inflacionario de los últimos cuatro años no le está abriendo la puerta a un escenario donde lo que se resentirá es el nivel de actividad económica.
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