Política de subsidios: ¿Ajuste o Justicia?

El escenario económico pos electoral que se va configurando es preocupante. En el marco de las discusiones cambiarias se observa una suba significativa de la tasa de interés, una tendencia manifiesta a permitir el deslizamiento devaluatorio del peso y ahora un expectante ajuste de tarifas.

 Habrá que ver si el ajuste inflacionario de los últimos cuatro años no le está abriendo la puerta a un escenario de resentimiento del nivel de actividad económica.

 

1) Estamos en presencia de un reconocimiento expreso del problema fiscal que, hasta el momento, el gobierno negó. El año 2011 termina con un déficit financiero que supera los $27.000 millones y la proyección fiscal para el 2012 si se repite la performance hasta hoy vigente lleva ese déficit a más de $50000 millones.

 

2) Es evidente que para un presupuesto nacional cuyo gasto se ubica en torno a los $500.000 millones, tener exenciones impositivas, subsidios y regímenes de promoción que superan los $124.000 millones es una verdadera barbaridad que exigía y exige una revisión. Máxime cuando los efectos que estos subsidios producen en términos de equidad social y de orientación adecuada de la inversión son por demás discutibles.

 

3) Se confirma que pese al discurso pseudo-progresista del gobierno nacional y popular y a las afirmaciones reiteradas de los funcionarios respecto a las virtudes de los subsidios, la maquinaria construida encerraba profundas injusticias. Ya sabemos por ejemplo que unos $4600 millones se destinaban a financiar a grandes empresas y a hogares de elevado poder adquisitivo, mientras el 47% de los hogares carece de cloacas, el 44% no tiene gas en red y el 22% no posee agua corriente. Precisar esto y señalar que el móvil oficial de las medidas en curso es resolver el deterioro de las cuentas públicas implica entender que en los momentos donde hubo capacidad de expandir el gasto la asignación de recursos públicos dejó mucho que desear y que ahora la eliminación es para equilibrar las cuentas y no para invertir en la solución de los problemas y urgencias sociales.

 

4) Estamos convencidos respecto a que es posible resolver esta madeja de subsidios sin descargar los costos sobre los hogares más postergados. Para esto es imprescindible segmentar adecuadamente a los distintos usuarios y terminar con las “rentas extraordinarias” de las empresas.

 

5) En este sentido, el enfoque oficial resulta sesgado e incompleto. No se puede abordar la discusión de los subsidios sin poner en consideración la estructura de costos de las empresas y por lo tanto, la correspondiente revisión respecto a la validez o no de la presente estructura tarifaria. El planteo oficial da por sentado que las tarifas son razonables y que lo único que debe hacerse es trasladarle los costos a quienes consumen. Una evaluación de la situación de petroleras, generadoras y transportadoras y sus consecuentes ganancias ampliaría los márgenes de acción de la política oficial y permitiría evitar injusticias con los consumidores. Máxime en un contexto donde los subsidios a la energía han convivido con las rentas extraordinarias de las petroleras, la falta de inversión y el aumento del costo de la energía por la suba significativa de las importaciones. Es bueno constatar que el ahorro de $4600 millones que se está buscando con estas primeras medidas no logra compensar los mayores recursos que el

Estado debe destinar hoy por el encarecimiento de la matriz energética. En este aspecto el Gobierno amplió el fondo fiduciario para la importación de gas creado en el 2008 de $1300 millones a $13000 millones.

 

6) Es este enfoque incompleto y por supuesto falto de democracia, ya que las decisiones actuales debieran tomarse en el marco de audiencias públicas e incorporando a las asociaciones de usuarios y consumidores en la Comisión que resuelve estas decisiones, lo que nos preocupa en función de la anunciada “personalización del subsidio”. Será vital el modo en que se gestione la evaluación de las declaraciones juradas respecto a la necesidad o no de los subsidios, a efectos de no cometer injusticias profundas en la eliminación de los mismos.

 

7) Al enfoque incompleto ya señalado que elude la consideración de la estructura de costos de las empresas y la revisión del vigente esquema tarifario, debemos adicionar una reflexión más. En una economía de alta concentración y conglomeración, la eliminación de subsidios cuyo objeto fue contener precios, debe acompañarse necesariamente de cambios en los marcos regulatorios de los diferentes mercados. De lo contrario, se abre la posibilidad cierta de que los ajustes tarifarios que originalmente puedan concentrarse en las grandes empresas, terminen sobre las espaldas de la comunidad vía traslado de los mayores costos al sistema de precios.

 

Compartimos plenamente la necesidad de fortalecer los ingresos públicos para dotar al Estado de mejores condiciones de intervención en un contexto de crisis mundial como el presente. No obstante, asombra que el gobierno no haya puesto en marcha decisiones tales como:

 

Restitución de las contribuciones patronales a las grandes firmas a los niveles del año 1993 cuando Domingo Cavallo las redujo a la mitad.

 

Derogación de los decretos menemistas de desregulación y libre disponibilidad del crudo en el sector de hidrocarburos.

 

Reforma impositiva con sesgo progresivo.

 

Revisión de la Deuda Pública y puntualmente de la que hoy se discute con el Club de París cuya mayor proporción fue contraída en la época de la Dictadura militar.

 

En ausencia de estas discusiones, la preocupación acerca del futuro es mayor habida cuenta del modo en que se va configurando el escenario económico luego de las elecciones. En el marco de las discusiones cambiarias se observa una suba significativa de la tasa de interés, una tendencia manifiesta a permitir el deslizamiento devaluatorio del peso y ahora un expectante ajuste de tarifas.

 

Habrá que observar cuidadosamente la gestión de lo anunciado y el rumbo final de la política oficial para terminar de confirmar si el ajuste inflacionario de los últimos cuatro años no le está abriendo la puerta a un escenario donde lo que se resentirá es el nivel de actividad económica.

 

Claudio Lozano es Director del Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA). Diputado Nacional.

 

Publicado por ARGENPRESS

Presentaron la Canasta Básica Alimentaria/IBP.

Presentamos los datos correspondientes al IBP de octubre
La medición de la Canasta Básica Alimentaria IBP-Conurbano para el mes de Octubre presenta un valor de $1.222,28 para una familia tipo. El nivel de pobreza para el segundo trimestre de 2011 es de 24,71%.

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) y el Movimiento Barrios de Pie, presentan los resultados obtenidos del Índice Barrial de Precios correspondiente al mes de octubre.
De acuerdo a esta investigación, que se desarrolla en 126 barrios, el nivel de pobreza en el tercer trimestre de 2011 asciende al 24,71% y el nivel de indigencia al 7,08%. Esto representa la cantidad de 2.504.019 personas en condición de pobreza y de 717.545 bajo la línea de indigencia en el conurbano bonaerense. Ambas cifras, duplican las publicadas por el INDEC.

La medición expresa una variación en el precio de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) de -0,12% con respecto al mes de septiembre en el Conurbano Bonaerense.
El Índice Barrial de Precios (IBP) mide el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y las variaciones mensuales en los 50 productos que la componen, distribuidos en los rubros de almacén, verdulería y carnicería, y de acuerdo al porcentaje calórico que el INDEC establece (cantidades mínimas de calorías y otros nutrientes) para que una persona logre subsistir consumiendo estos productos.

La medición de la Canasta Básica Alimentaria, a través del IBP-Conurbano señala para el mes de octubre un valor de $1.222,28 como el objetivo que una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) tiene que alcanzar, para no quedar por debajo de la línea que indica la situación de indigencia. Por su parte la línea de pobreza en el mes de octubre de 2011, establece un monto de $2.701,24 para la misma familia tipo, duplicando nuevamente las cifras oficiales, que presentan el monto de $1372,79 para el mismo item.

Descargá el IBP Conurbano correspondiente al mes de octubre.
http://www.isepci.org.ar/descargas/publicaciones/indice-barrial-de-precios-octubre-de-2011_18.2011

Ajustar ante la crisis, una receta conocida

La discusión acerca de las medidas necesarias para afrontar la crisis que se avecina está abierta, el gobierno viene expresándose al respecto en distintos ámbitos.

El reclamo de Cristina de volver a un "Capitalismo serio" y salir de lo que ella bautizo como el "anarco-capitalismo" intenta exponer que posición tomará el gobierno en los tiempos que vienen. Sería interesante abundar en la definición del "anarco-capitalismo", y el reclamo de mayor intervención del estado en la economía. Quizá así entendamos porque se ha hecho tan poco en materia de control de precios por ejemplo, o los formadores de precio están por fuera de la esfera económica  descrita por Cristina, la inflación es un problema que afecta fundamentalmente a los sectores populares, aquellos que ven mes a mes disminuida su capacidad de gasto a raíz de esta. Esto recuerda también expresiones en las que se habla del consumo interno como factor esencial en la re- activación de la economía. Uno de sus principales logros, según el gobierno, es haber inyectado dinero en los sectores populares para que estos lo vuelquen rápidamente al mercado interno. Sucede que somos los trabajadores los que , inflación mediante, pagamos a través del absolutamente regresivo IVA enormes sumas de dinero al estado y sostenemos las gigantescas ganancias de las ya mencionadas formadoras de precios.

Estas manifestaciones al menos cuestionables de progresismo económico del gobierno festejadas por todo el arco oficialista  buscan eludir el fantasma del AJUSTE, termino emblema de las sucesivas crisis que azotaron nuestro país. Así mismo se ha empezado a hablar un tema muy importante para la economía de nuestro país, los subsidios .Se habla de quitar los subsidios a los servicios, pero de evitar que esto repercuta en los precios.

La política de subsidios a la oferta y no a la demanda es un rasgo característico de este "modelo", es decir, no se subsidia a los sectores más perjudicados para facilitar su economía cotidiana, sino que todos pagamos a través de nuestros impuestos subsidios que van directamente al bolsillo de los grandes empresarios. Por esto es que aguardaremos a ver cuál es la vía que toma el gobierno en esta materia, muy apropiado retirar los subsidios a las empresas, pero sin una adecuada política de precios lo único que lograra es que quienes paguemos la diferencia, una vez más seamos los trabajadores.

Estos, junto a las restricciones en la compra de dólares impuesta por el gobierno, que gracias a los medios de comunicación han preocupado hasta a quienes pocas veces hemos visto siquiera un dólar en vivo y en directo, son los temas en discusión  en el orden nacional en materia económica. En los territorios gobernados por los representantes del "modelo nacional y popular" también se preparan medidas al respecto, echaremos un vistazo a nuestro distrito...

Moreno se prepara para el recambio de autoridades, quien otrora fuera el intendente del distrito durante el menemismo y duhaldismo volverá a ocupar ese cargo. Mientras tanto, florecen los rumores acerca de cuáles serán las medidas a tomar por este "viejo nuevo" gobierno del Lic. Mariano West.

Nuestro distrito cuenta con un presupuesto que ronda los 350 millones de pesos anuales, de los cuales, solo aproximadamente 100 corresponden a recursos genuinos municipales, es decir a aportes tributarios de lxs vecinxs morenenses. Curiosamente, casi el 50%  de estos últimos se los lleva una sola empresa: "El trébol”, que se lleva exorbitantes sumas de dinero por un servicio por demás deficiente. Otra importante cantidad de dinero se gasta en el pago de salario de lxs trabajadorxs municipales, recientemente hemos tomado conocimiento que la planta municipal ronda ya los 6300 agentes, cuando las voces oficiales nos acusaban de exagerados al denunciar que eran 4500.

El intendente electo ha manifestado su voluntad de corregir esta situación expulsando a todos “los ñoquis” existentes en el municipio, atribuyendo la responsabilidad sobre estos fundamentalmente a sus ahora opositores del Concejo Deliberante de Moreno, entre ellos el presidente del cuerpo, todos estos ingresados al legislativo de la mano de la lista del oficialismo, en la que el propio West era candidato.

Una primera aclaración es necesaria: el HCD maneja solo un 3% del presupuesto municipal, lo que no le permite contratar indiscriminadamente empleados, para esto necesita la aprobación por parte del ejecutivo(el intendente) en la contratación de agentes que luego cumplirán(o no ) funciones en el Concejo. Es decir que, si hay un exceso en la planta del HCD, es con el absoluto conocimiento y responsabilidad del Intendente y todo el espacio político que gobierna Moreno desde hace ya 16 años.
Se habla livianamente de 2000 despidos, e incluso se han pedido informes precisos acerca de la cantidad de empleados de cada dependencia y su pertenencia partidaria, este es un dato para nada menor.

Asistimos entonces a la posibilidad de que se concrete uno de los despidos masivos mas grandes de la historia de nuestro distrito, curiosamente(o no) ejecutado por un gobierno, que como decíamos antes, dice no ser neutral y  nacional y popular. Por supuesto se están tomando los recaudos ya para no cargar a la nueva gestión con el costo político de tamaña medida y es muy probable (en caso de que acceda) que el intendente saliente y futuro diputado Andrés Arregui sea el encargado de hacerlo.
Ante esta situación nos permitimos algunas consideraciones:

En primer lugar rechazamos, repudiamos y denunciamos absolutamente la pretensión del oficialismo de solucionar disputas internas de su partido con el trabajo de lxs morenenses, ya que el estado municipal es la primera fuente de trabajo genuino del distrito.

En segundo lugar ponemos especial atención en la situación económica del distrito y de las medidas que se pre anuncian para atenderla. En un marco de achicamiento de los fondos y de dificultades para afrontar las obligaciones del estado, quien conduce el distrito desde hace ya 16 años decide expulsar trabajadores arbitrariamente, (incurriendo además en la persecución política de concretarse en el sentido que se piensan los despidos).Esto en cualquier lugar del mundo tiene un solo nombre: AJUSTE, y en manos de un gobierno popular, si esto hubiese ocurrido del otro lado de la Gral. Paz seria el ejemplo de la vocación neoliberal de algunos y material para la crítica pseudo-progresista de otros tantos. Por lo tanto, este término que intenta eludirse desde el gobierno nacional del cual los gobiernos municipales son parte, se convierte rápidamente en un hecho en el territorio.

Desde el FAP llevaremos al HCD un proyecto de ordenanza para que se realice una auditoria externa del municipio, convocando si es preciso a alguna entidad reconocida en estos trabajos (poder ciudadano, transparencia internacional por ejemplo). Esto permitirá establecer el número exacto de empleadxs municipales del distrito, publicar la información y determinar la existencia o no de trabajadorxs virtuales o ñoquis. No pretendemos con esto realizar una falsa defensa corporativa, ya que no estamos en absoluto de acuerdo con usufructuar los recursos del estado en nombre de intereses partidarios, pero debemos garantizar el proceso adecuado en el estudio de cada caso. Mientras se prepara dicha auditoria proponemos además instalar una medida de "no innovar" que prohíba los ingresos y egresos de personal  hasta tanto, estén las condiciones antedichas garantizadas.

En materia de recursos, es preciso abrir la discusión de inmediato sobre el contrato de la empresa "El trébol", ya que si rediscutimos y revisamos ese contrato y su cumplimiento al día de la fecha, no solo encontraremos la posibilidad de un importante ahorro por parte del municipio, sino que además probablemente la empresa le esté debiendo al pueblo Morenense algún dinero -
"El hilo se corta por lo más fino... dicen por ahí, la idea de recortar los gastos dejando sin trabajo a miles de vecinxs no es nueva, forma parte de la receta neoliberal , a la cual West adhirió fervientemente en los 90 como intendente, asimismo observamos preocupantes continuidades con ese modelo, como la preponderante precariedad laboral del municipio.

Convocamos entonces a todos los sectores a involucrarse en este debate, no podemos permitir que se violenten la democracia y los derechos de los trabajadores frente a nosotros sin que hagamos nada para impedirlo. Quien hoy se jacta de ser el representante del gobierno popular, no solo no se atreve a combatir y controlar los monopolios que reinan en su distrito, sino que no vacila a la hora de despedir trabajadores para "mejorar" la situación económica de Moreno.

Estas prácticas, medidas y personajes, son las que sostienen y dan forma al "modelo" del que tanto se habla, es hora de que profundicemos el debate y vayamos al hueso de cada cuestión, de nuestra capacidad de estar a la altura de la circunstancia depende en parte  la posibilidad de construir  una alternativa de gobierno que privilegie los intereses de las mayorías por sobre los de los grupos económicos hegemónicos.

En la próxima sesión del HCD muy probablemente el tema se ponga en discusión, reiteramos la convocatoria a todos los sectores a participar de ella.

Lucas Franco Libres del Sur en Frente Amplio Progresista Moreno

Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Comunicado de Prensa

La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito celebra una victoria: el debate en Comisión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la resolución favorable a la despenalización y legalización del aborto, lograda el 1 de noviembre de 2011, como un hecho histórico que anuncia la continuidad del debate en el Congreso en el próximo año.

La Campaña, integrada por más de 300 organizaciones multisectoriales, ha desempeñado un rol importante en la articulación y sinceramiento de la opinión pública, cada vez más abierta a la despenalización y legalización del aborto, cada vez más consciente de que la práctica del aborto concierne a la salud pública, a la igualdad social, a los derechos de las mujeres y a la profundización de la democracia.

El proyecto de ley de la Campaña habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación y, más allá de ese plazo, en caso de violación, graves malformaciones del feto, o riesgos para la vida y la salud de la mujer.

Frente a todas las versiones encontradas de estos días, consideramos oportuno aclarar a la opinión pública nuestra versión de los hechos, no sólo del 1° del noviembre. La desmentida, por parte del diputado Juan Carlos Vega, del dictamen que él mismo había aprobado el 1 de noviembre, en la reunión de comisión de legislación penal que él preside, y que él mismo había convocado, es insostenible. Insostenible, pero acorde con la falta de palabra que lo ha caracterizado. En lo que va del año, el diputado Vega:

• había convocado a una reunión similar para el 27 de septiembre, cuando la mayor parte de los diputados firmantes del proyecto de la Campaña habían explicitado la conveniencia de convocar a la reunión después de las elecciones presidenciales;
• dio a conocer su propio proyecto de ley sobre aborto no punible en ocasión de esa convocatoria; la postergó para el 1 de noviembre debido a presiones de sus pares.
• al inicio de la reunión del 1 de noviembre, pretendió excluir los proyectos de ley de legalización del aborto para centrarse en el proyecto de ley que él mismo había presentado. Bastó el firme posicionamiento contra un dictamen en esas condiciones de varias/os diputadas/os presentes para que Vega incluyera de inmediato los dos proyectos de ley que acababa de excluir.
• al día siguiente del dictamen, cuando la noticia del dictamen estaba en todos los medios, lo desmintió, como si fuera posible que él como presidente de la comisión de legislación penal no supiera contar los votos de los presentes, no supiera contar a los diputados de la Comisión presentes, no supiera calcular la consiguiente proporción para considerar mayoritario el dictamen.

Lo cierto es que no hubo 15 diputados en el momento de la votación, sino 12, tal como está consignado en la versión taquigráfica de la reunión, versión donde puede seguirse pormenorizadamente la discusión durante la reunión, las opiniones vertidas por los diputados de todas las pertenencias partidarias, y la aceptación final del dictamen.

La despenalización y legalización del aborto ya está en debate. La Campaña es impulsora y protagonista del mismo, estuvo, está y estará  con  presencia en todos los debates sobre despenalización y legalización del aborto que se desarrollen dentro y fuera del Parlamento. Seguimos en Campaña, seguimos fortaleciendo en todas las instancias  el compromiso y fuerza necesaria para que el cambio social operado en nuestro país respecto a la ilegalidad del aborto se transforme en un cambio de Ley, que de cuenta y respete las decisiones que las mujeres toman cotidianamente sobre su sexualidad y reproducción. Por esto ratificamos el esfuerzo permanente por la implementación de las leyes de Educación Sexual Integral, y la vigencia plena del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, por la pronta sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El proyecto de ley impulsado por esta Campaña ha sido firmado por: Juliana Di Tullio, María L. Storani, Miguel Barrios, Adela Segarra, Héctor Alvaro, Cecilia Merchán, Marcela Rodríguez, Nélida Belous, Silvia Storni, María Areta, Adriana Puiggrós, Verónica Benas, Victoria Donda Pérez, Fabián Peralta, Fernanda Gil Lozano, Claudio Lozano, Lisandro Viale, Silvana Giudici, Héctor Recalde, Mónica Fein, Alicia Ciciliani, Liliana Parada, Néstor Castañón, Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, María F. Reyes, Martín Sabbatella, Jorge Rivas, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Ricardo Cuccovillo, Roy Cortina, Adriana García, Lorena Rossi, Remo Carlotto, María E. Chieno, Hugo Perié, Laura Alonso, Carlos Comi, Graciela Iturraspe, Federico Kenny, Diana Conti, Alejandro Rossi, Silvia Vazquez, Carmen Nebreda, Virginia Linares, Margarita Stolbizer, Juan P. Tunessi, Gloria Bidegain.

"Las medidas tomadas por el gobierno no enfrentan las causas de los problemas".

La mesa nacional del Frente Amplio Progresista se reunió este mediodía en la sede Buenos Aires del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro). Encabezó la reunión el gobernador de Santa Fe y ex candidato a presidente por el FAP, Hermes Binner, acompañado por Margarita Stolbizer, Humberto Tumini, Víctor De Gennaro, Isaac Rudnik, Horacio Alcuaz, Eduardo Macaluse, Alicia Ciciliani y Juan Carlos Zabalza.

En la reunión se analizó el conjunto de medidas anunciadas en estas últimas semanas por el gobierno, y se elaboró la siguiente declaración:

"El Frente Amplio Progresista considera que las medidas anunciadas en estas últimas semanas por el Gobierno Nacional no enfrentan las causas de los problemas sino que intentan actuar sobre sus consecuencias.

Las altas tasas de inflación son uno de los problemas centrales de la realidad económica de nuestro país, sobre todo porque se la niega.

Desde el FAP ratificamos nuestra posición respecto de que la formulación de políticas sistémicas que den señales inequívocas enfocadas en las causas, generarían un cambio en las expectativas y, por ende, en las conductas relacionadas con la inflación.

El tipo de políticas a la cual nos referimos son:

a. La recuperación de un Indec autónomo y creíble. Sincerar el tema de la inflación dará credibilidad a las metas que al respecto se formulen.

b. Las intervenciones en el mercado cambiario que sostengan un tipo de cambio competitivo implementadas conjuntamente con un programa monetario basado en metas indicativas de inflación y una regla presupuestaria que equilibre el gasto público, reorganizándolo en especial en lo referido a los subsidios.

c. La constitución del Consejo Económico y Social debería permitir generar acuerdos, entre el Estado, las empresas y los trabajadores, referidos a: la puesta en marcha de inversiones de largo plazo en sectores estratégicos para ampliar la oferta productiva; las pautas de incrementos de precios y salarios, y la erradicación de toda forma de trabaja precarizado.

Nuestros planteos están lejos de cualquier política de congelamiento de salarios y no están ligados a ningún tipo de ajuste de la actividad económica. Tenemos por objetivo mantener la tasa de crecimiento, mejorar las condiciones laborales, incrementar la inversión y trabajar sobre la distribución de la riqueza vía la mejora del poder adquisitivo de los salarios".

La mesa del Frente Amplio Progresista también avanzó en definir una próxima reunión del conjunto de los diputados de la fuerza constituido como interbloque, para delinear la estrategia de labor parlamentaria para los próximos años legislativos, reconociéndose como tercera fuerza política de la Cámara Baja producto del buen desempeño en las elecciones del mes de octubre pasado.

Por último, acordaron la realización de un Seminario de Integración de las fuerzas políticas del FAP para el próximo 24 de noviembre, con el objetivo de reflexionar sobre el rol de las fuerzas progresistas en esta coyuntura.

"Deberían convocar al dialogo"

LA CRISIS YA ESTA LLEGANDO, EL GOBIERNO DEBE CONVOCAR AL DIALOGO

Humberto Tumini, secretario General de Libres del Sur y miembro de la Mesa Nacional del FAP, afirma que desde el Frente Amplio Progresista se le pide al Gobierno Nacional que que ponga en marcha un diálogo institucional y convoque a un Consejo Económico, Social y Político para consensuar medidas frente a la crisis que se aproxima en el país.

Los primeros coletazos de la crisis de los países desarrollados ya han llegado a nuestras playas. Esto de que muchísimos compatriotas busquen resguardarse -de lo que intuyen viene- en el dólar, no es más que lo que les indica su propia experiencia. Si otros países devalúan, entre ellos Brasil, y si aquí la inflación se comió en los últimos dos años gran parte de la competitividad del tipo de cambio, el sentido común dice que más temprano que tarde, el Gobierno va devaluar. Se sale, entonces, a defender los ahorros comprando dólares, más allá de los especuladores de siempre. Querer frenar aquello con medidas coercitivas y un mini corralito puede resultar muy peligroso para la salud económica.
La Presidenta sacó el 54 por ciento de los votos para un nuevo mandato. Ese es un fuerte respaldo político para gobernar. No obstante, la experiencia argentina indica que cuando nos introducimos en un escenario de crisis económica, como el que a todas luces se aproxima, siempre es bueno para el país - y sobre todo para sus sectores más vulnerables- convocar al espectro más amplio posible, entre todos, para consensuar las principales medidas.
Desde el Frente Amplio Progresista proponemos al Gobierno Nacional que ponga en marcha un diálogo institucional, convocando en el tiempo más breve posible, a un Consejo Económico, Social y Político, que incluya a las provincias, a los partidos políticos, a los representantes de los sectores productivos y del trabajo y a organizaciones de la sociedad civil,  para intercambiar allí ideas respecto de cómo afrontar los efectos de la crisis internacional y de qué manera manejar en la situación que se avecina el flagelo inflacionario, el tipo de cambio, los salarios, el gasto público, las políticas sociales y el empleo.
Repetimos: Nunca ha sido bueno para el país, y en particular para los trabajadores y los más humildes, que la crisis se vuelva aguda. Sobran ejemplos de ello. Afrontarla entre todos y dialogando, siempre es mejor.

Humberto Tumini
Movimiento Libres del Sur- Frente Amplio Progresista

Día histórico por los derechos de la mujer

Se trataron por primera vez los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la comisión de Legislación Penal                                                  

“HOY ES UN DIA HISTORICO PARA LAS MUJERES Y NUESTROS DERECHOS HUMANOS"

La presidenta de la comisión de DDHH, Victoria Donda se refirió al tratamiento que se le dio hoy en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados al derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado hasta la semana doce. Al respecto, la legisladora de Libres del Sur expresó: “Hoy es un día histórico en el camino que venimos emprendiendo las mujeres por el respeto de nuestros derechos humanos fundamentales como sujetas de derechos con capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos. No sólo porque es la primera vez que el debate se da puertas adentro del congreso, sino porque además nos hemos venido preparando especialmente para este día. En este sentido tuvimos dos audiencias públicas en las cuales Marianne Mollman (representante de Human Rights Watch) y Luz Patricia Mejía (relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) disertaron sobre la necesidad y urgencia de avanzar en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”.
Por otro lado, la diputada Donda, satisfecha con el dictamen de mayoría aprobando el proyecto de Juliana Di Tullio, agregó “que es impostergable que el congreso sancione este proyecto de Ley, el cual fue presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito e impulsado por más de 260 organizaciones; con la firma y el apoyo de 50 diputados y diputadas de diferentes bloques políticos. Amplitud que refleja que este tema es una deuda de la democracia con las mujeres y requiere su tratamiento urgente.”

Finalmente la dirigente de Libres del Sur explicó: “Cuando hablamos de legalizar la IVE, hablamos de igualar los derechos entre quienes pueden pagar para hacerlo y quienes no; también estamos hablando de dejar de negar una realidad contundente, para empezar a tratar sin prejuicios esta situación que nos atraviesa a todos como sociedad. No nos puede pasar por el costado que en el país se realicen entre 500.000 y 700.000  interrupciones voluntarias del embarazo por año. Legalizar, es que el Estado se haga presente, prevenga y asista a todas la mujeres en igualdad de condiciones para terminar con estas muertes evitables.