Barrios de Pie por una navidad digna: “Con los salario del programa Argentina Trabaja no se puede pasar una navidad digna”

Por la mañana de hoy, la organización social Barrios de Pie, se movilizo a diferentes supermercados de Buenos Aires, entre ellos al Abasto situada en Av. Corrientes 3247 con el objetivo de que se solidaricen con quienes no pueden garantizar una navidad digna para sus familias.

Daniel Menéndez (coordinador nacional  de Barrios de Pie) manifestó, “tiene que ver con la necesidad de que se aumente el sueldo que percibe los trabajadores del programa Argentina Trabaja que esta congelado en 1200 pesos con dos años donde la inflación a trepado a mas del 50%, es un sueldo que a quedado absolutamente desactualizado y lamentablemente ya llegando las vísperas de la navidad no hemos tenido ninguna respuesta es por eso que hoy como paliativo parta pasar estas fiestas nos hemos movilizado ante los distintos hipermercados donde hemos tenido algunas respuestas que nos permitirán pasar estos días”

Y continuo, “continuaremos en asamblea discutiendo como seguir con un plan de lucha que contemplara seguramente acercarnos a otros sectores. Vamos a plantear reunión a los representantes de la Central de Trabajadores Argentinos y a Hugo Moyano en su carácter de secretario general de la CGT continuaremos con distintas movilizaciones  y planteos siendo 40.000 trabajadores en la provincia de Bs As tenga un trabajo digno y un sueldo acorde a lo que se tiene que gastar para poder vivir dignamente “

Un Eslabón Sustancial en las Luchas Populares

19 y 20 de diciembre de 2001

Fuimos muertos, desaparecidos y nuestros hijos apropiados, encarcelados, exilados y perseguidos por la dictadura genocida, que le puso el broche final a su trágico itinerario cuando nos llevó a la derrota de Malvinas.
Estuvimos en las huelgas y conflictos obreros que bancaron la resistencia y marchamos codo a codo cada jueves con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Festejamos la recuperación de la democracia, la liberación de miles de presos políticos, el regreso de otros tantos exilados, lloramos emocionados cuando los integrantes de las Juntas Militares fueron condenados por sus crímenes.

Denunciamos las leyes de punto final y obediencia debida, y centenares de miles salimos a la calle en todo el país, contra el indulto menemista. La lucha por los DDHH que nunca decayó, se revitalizó con la sangre joven de nuestros HIJOS.
Nos movilizamos contra la implementación del ALCA y cuando fue enterrado en aquellas históricas jornadas de Mar del Plata en 2005, bailamos en las calles con nuestros hermanos latinoamericanos, porque nos sentimos capaces de decirle NO al Libre Comercio en la propia cara del mismísimo Bush.
Denunciamos la complicidad de la burocracia que pasó a convertirse en sindicalismo empresario y acompañamos el surgimiento de formaciones sindicales alternativas, como la CTA.

Promovimos la organización de los Movimientos Sociales que se fueron construyendo en todo nuestro territorio. Desde ahí fuimos protagonistas de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que hundieron al sistema neoliberal predominante hacía varias décadas en nuestro país.
Festejamos la huida de De la Rúa y seguimos luchando contra el intento de Duhalde de imponernos una democracia represiva, que desnudó sus intenciones en el puente Pueyrredón cuando envió la policía a escarmentarnos aquél 26 de julio de 2002, en que Maxi y Darío entregaron sus jóvenes vidas peleando por un cambio verdadero.
Desconfiamos de un Kirchner que llegó a la presidencia con el aparato del PJ. Pero cambiamos de parecer cuando una parte sustancial de los crecientes recursos que llegaban al país, eran destinados a paliar la situación desesperante en que vivía más de la mitad de la población.
Nos conmovimos cuando dijo “somos hijos de las Madres de Plaza de Mayo”, convirtió la ESMA en el Museo de la Memoria y obligó al Jefe del Ejército a retirar la foto de Videla, le dio impulso a los juicios a los genocidas y a la búsqueda de las Abuelas de sus nietos apropiados.
Le pusimos el cuero en la calle a la lucha por la implementación de las retenciones móviles a las exportaciones de soja.
Apoyamos reestatizaciones como las del Correo Argentino, AySA, Aerolíneas Argentinas y el sistema de jubilaciones.
Luchamos todos estos años por una nueva ley de Medios Audiovisuales hasta lograr su sanción, y dijimos que la instauración de la AUH es un paso adelante, aunque claramente insuficiente.
Creímos que se presentaba una oportunidad histórica para ir por una construcción alternativa cuando el kirchnerismo llamó a desarrollar una nueva fuerza política diferenciada de aquellas “estructuras corruptas” (sic Néstor Kirchner) y allá fuimos con un conjunto de organizaciones políticas y sociales a hacer el esfuerzo necesario para que ello fuera posible.
Pero manifestamos nuestra discrepancia cuando Néstor y Cristina volvieron al PJ, y el propio Kirchner se convirtió en el presidente del justicialismo. Y profundizamos diferencias cuando el proceso redistributivo se estancó a partir de 2007, ya que mientras el PBI no dejó de crecer a un ritmo del 8-9% anual, el  nivel de pobreza no bajó del 20-25% a pesar de los esfuerzos del INDEC por invisibilizar a millones de compatriotas que siguen con sus necesidades básicas insatisfechas. Convencidos de que los principales reclamos del 19 y 20 de diciembre -la búsqueda de una nueva representación política y un modelo económico para todos y todas- seguían (y siguen) vigentes, nos retiramos del kirchnerismo, con las mismas posiciones críticas que mantuvimos públicamente desde adentro, aunque no había en aquél momento ninguna estructura constituida con la que coincidiéramos.
Como le gustaba decir a Néstor Kirchner, no existía nada a su izquierda. Si bien esto era cierto, la diferencia sustancial que manteníamos –y mantenemos- es que había, y hay, posibilidades de construirlo, y allá nos fuimos a intentarlo y en eso seguimos empeñados hoy en el Frente Amplio Progresista.
Los últimos años no han pasado en vano, no sólo porque se han obtenido conquistas importantes en todos los terrenos, sino que su realización fue la culminación de un largo y difícil proceso de resistencia, dentro del cual las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron un eslabón sustancial, en el curso del cual todos y todas los nacidos en estas tierras aprendimos que los dogmas, que nos habían impuesto desde la dictadura del 76 en adelante, y sobre todo en los años 90, no sólo no eran inconmovibles, sino que viviríamos mucho mejor si nos liberábamos definitivamente de ellos.
Isaac Yuyo Rudnik
Movimiento Libres del Sur

Para el CELS, la ley Antiterrorista producirá un desequilibrio en el Código Penal

La ley que consiguió media sanción ayer en la Cámara baja fue criticada por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, quien consideró "que establece en forma inapropiada un incremento al doble" de las penas máximas y mínimas de todos los delitos si se cometieran bajo la figura de terrorismo al modificar el inciso 5 del artículo 41 en el Código Penal.

El presidente del CELS consideró un "absurdo" agravar la pena de todos los delitos por la posibilidad de que estén vinculados al terrorismo porque "crea un desequilibrio" en el Código Penal y estos hechos "pueden terminar teniendo penas más altas que delitos más graves". En ese sentido, calificó de "matete jurídico" el proyecto que permitirá además dictar prisiones preventivas eternas por delitos leves por estar relacionado con supuestos acto de terrorismo.

"La ley debe ser clara y precisa, pero en este caso se habla de 'delitos destinados a aterrorizar a la población', lo cual es de una amplitud aterrorizante. Y además nos preocupa el contexto de este proyecto porque es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la amenaza de excluir a la Argentina" de ese organismo, resaltó Verbitsky.
El periodista afirmó que si la semana próxima el Senado aprobara el proyecto de ley repetiría "la misma técnica que se usó en el 2004, por la presión del Juan Carlos Blumberg", padre del chico secuestrado y asesinado Axel Blumberg.
Verbitsky rescató que la norma establece que estos hechos sean analizados por jueces federales y no por jueces provinciales, pero sostuvo que "lo superfluo de la reforma" queda demostrado con la aclaración hecha por el Poder Ejecutivo en torno a que la figura de terrorismo no se aplicará en caso de que se superponga a "derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".
Antes de que el proyecto fuera votada en la Cámara baja, el CELS emitió un comunicado en el que advirtió que la legislación antiterrorista utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que “hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.

Ley antiterrorista o.....

El proyecto que impulsa el oficialismo tendiente a incorporar el artículo 41 quinquies Al Código Penal Argentino es de una gravedad inusitada que nos obliga a reflexionar sobre el modelo de política criminal oficial. Se trata de agravar las penas de todos los delitos contenidos en el Código Penal, si fueran cometidos con el fin de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

La modificación propuesta, no solo tendrá un nulo efecto disuasorio para quien cometa actos de terrorismo,  principal objetivo de cualquier norma que pretenda ampararse en las convenciones suscriptas por los Estados para prevenir y sancionar ese flagelo, sino que además por su grosera amplitud e imprecisión abre las puertas a un total avasallamiento de garantías constitucionales.

En ello debemos tener presente varios aspectos:

A pesar de que el término actos de terrorismo ha presentado a lo largo de la historia dificultades de conceptualización, lo cierto es que podemos acercarnos a una definición consensuada que es justamente aquella contenida en algunos instrumentos internacionales, como la Convención internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Allí se esclarece cuales podrían ser considerados actos terroristas,  remitiendo a ciertos delitos contenidos  en algunos instrumentos internacionales, o bien a  “un  acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

Pues bien, ningún esfuerzo hace el proyecto oficial por ajustarse a esas definiciones, pretendiendo con una liviandad extrema que cualquier delito del código penal cometido con el fin de aterrorizar a la población constituye un acto de terrorismo,  imponiendo en consecuencia un desproporcionado agravamiento de penas.

Este lamentable agravamiento de penas, por demás generalizado y desprovista de las condiciones objetivas que exige la norma internacional, obviamente acrecienta la discrecionalidad en la utilización del poder represivo Estatal para perseguir opositores políticos, dirigentes, militantes o cualquier desprevenido.
Con solo interpretar libremente que cualquier delito es cometido con la vaga finalidad de aterrorizar a la población, - cosa que además quedaría en manos de los mismos jueces que hoy consideran delito cualquier forma de protesta social - se justificaría una duplicación de penas. El Secretaria General de Naciones Unidas ya había hecho un alerta sobre la forma en que los Estados debieran legislar en materia de represión del Terrorismo, cuidando de no afectar la plena vigencia de los derechos humanos y de las garantias constitucionales.

Debemos recordar que desde hace décadas se viene llamando la atención sobre la utilización de tipos penales amplios que no exigen un daño concreto para perseguir a quienes reclaman por sus derechos sociales o gremiales. Esta innovación en materia penal, no sólo no viene a revertir esa situación, sino que la agrava aún más.  

Dra. Natalia Ferrari
 1. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 dediciembre de 1970.2. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado enMontreal el 23 de septiembre de 1971.3. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.4. Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. 5. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada en Viena el 3 de marzo de 1980.6.Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988. 7. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, firmado en Roma el 10 de marzo de 1988.8. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.9. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997

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¿Es necesaria la ley antiterrorista?
 

Buenos Aires, 16 de diciembre del 2011

El gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato.  La urgencia con que aprobó la ley anti-terrorista y anti- democrática  tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos,  trabajadores y estudiantiles.

El proyecto de ley adolece de  claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, de “punto final y obediencia debida” que votaron los legisladores sin pestañear.
Hoy volvemos a los mismos vicios  y con un gobierno con mayoría absoluta parlamentaria que van a votar con “obediencia ciega”.
En el proyecto de ley no se dice una palabra sobre el “terrorismo económico”.
No clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo.
Si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus  territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir es una ley que viola los derechos  humanos de la persona y los pueblos.
La pregunta fundamental es ¿por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más anti-terrorista?
Se han sancionado tres leyes antiterroristas, ¿hasta cuando?
El país vivió actos terroristas de diversos tipos, terrorismo de Estado, las dictaduras militares; los graves ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, el terrorismo económico del 2001 y 2002, que postraron y saquearon el país con total impunidad.
Creemos que, más que aprobar leyes antidemocráticas, es necesario aplicar las leyes vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario.
En síntesis, generar medidas preventivas y no aplicar medidas represivas.
Hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EEUU y Europa de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo.
Los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

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Ley antiterrorista o el terror a esta ley

Por Mempo Giardinelli

Bien concluye el colega Horacio Verbitsky, con suma prudencia, su nota del domingo pasado sobre el llamado Proyecto de Legislación Antiterrorista: “En este contexto mundial, las implicaciones del proyecto de ley argentino, que tiene estado parlamentario desde octubre, son tan graves que es poco recomendable su tratamiento de apuro en sesiones extraordinarias, sin posibilidad de convocar a juristas y representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan algo para decir”.

En efecto, y para decirlo más severamente, estamos ante un proyecto harto peligroso, que puede ser letal para la convivencia democrática que los argentinos hemos construido en estos años.
Este proyecto de ley antiterrorista se vincula tanto con las inversiones como indirectamente al narcotráfico, y procura modificar el Código Penal en materia de “Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista”.
Consecuentemente, pretende incorporar al Código Penal penas durísimas para cualquier delito cometido con “la finalidad de generar terror en la población”, lo que denota un concepto tan abierto, amplio e impreciso que podría llegar a validar cualquier atropello estatal a casi cualquier conducta personal.
Además, condicionaría peligrosamente toda protesta social, dado que si se aprueba permitirá que cualquier gobierno trate y sancione con extrema dureza a quienes protesten o realicen movilizaciones en el futuro. Y peor aún, será el mismo Estado el que juzgue la intencionalidad de las personas que protesten.
Por lo tanto nos corresponde a nosotros, ciudadanos/as, advertir el altísimo riesgo que podría tener la aprobación de esta ley. De hecho, en la Comisión Provincial por la Memoria, de la que formo parte pero a la que no pretendo representar en esta nota, ya hay un alerta al respecto.
Y es que muchos/as ciudadanos/as pensamos que esta nueva legislación –de ser aprobada– no será otra cosa que una reforma penal que legitimará la criminalización de la protesta. Y eso será así porque el proyecto amplía las figuras penales aplicables, aumenta las penas y vincula la protesta cívica con una figura tan determinante y vaga como la de “terrorismo”.
No sólo eso. El proyecto generará nuevas y graves desproporciones en la escala penal, porque en caso de una conmoción pública reprimida por el Estado podrían aplicarse condenas mayores que las que corresponden a ciertos homicidas, o por caso, y nada menos, a policías que aplican torturas.
Frente a ello no se visualiza otra opción que la cerrada oposición a este proyecto. Es inadmisible que sea el Estado (o quienes lo conducen y administran) el que defina cuáles son las motivaciones o finalidades de las acciones de las personas. Desde luego que pueden y deben ser punibles los hechos criminales, e incluso los planes ya en ejecución, pero nunca, de ninguna manera el pensamiento, las intenciones o las ideas y mucho menos cuando no está claro quién y cómo las va a definir. Las ideas y las “intenciones” no pueden ser materia de acción estatal.
Conviene recordar la ley 17.401 de la dictadura de Onganía, que bajo el pretexto de reprimir al comunismo otorgaba a la SIDE el poder de calificar a personas o grupos de comunista, extremista o lo que fuese para condenar a cualquiera por su actividad política. ¿Quién garantizará que con esta ley en la mano, en el futuro, algún gobierno no pretenda definir ideologías, finalidades o intenciones supuestamente “terroristas”? ¿Quién va a decidir que tal o cual acción es “terrorista”?
Cualquier buen abogado, y sobre todo los penalistas, saben que las leyes penales deben ser precisas, herméticamente cerradas en su definición y no delegativas.
La esencia de este cuestionamiento, por lo tanto, se basa en que si bien los fundamentos del proyecto subrayan la intención de no lesionar derechos, con eso no alcanza. Y además, el articulado de la ley es ambiguo. En él, hasta donde lo conocemos, se abren espacios indefinidos para la libre interpretación. Y los argentinos ya tenemos una muy gorda experiencia en esto de que se interpreten los “antecedentes” y las “intenciones” para desatar formas de persecución, sutiles y de las otras. Y no sólo durante dictaduras.
Por lo tanto, el debate legislativo que se viene –si realmente se produce, y esperemos que no– deberá ser gobernado por la preservación más absoluta de la defensa de los derechos humanos.
Y si es cierto, como sugiere el colega Verbitsky, que esta legislación es producto de exigencias o presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para así calificar a la Argentina como destino seguro para inversiones externas, entonces la cosa es más grave aún.
Primero, porque debe rechazarse toda propuesta o reclamo de organismos internacionales que vulnere derechos fundamentales. Y después, porque de este modo los movimientos sociales, que en nuestro país son variadísimos, podrían empezar a ser vinculados con delitos de financiamiento al terrorismo, e incluso las protestas pasarían a ser consideradas acciones terroristas.
Mejor no imaginar lo que sería este país si ello sucediese. Por eso, nada mejor harían nuestros legisladores que archivar este proyecto.

Tres años sin Luciano

Días atrás me quedaba claro que políticamente el Frente Para la Victoria y su representante en la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli reconfirmaban su poder político acompañados de un fuerte respaldo de la sociedad; no soy parte de ese sector que los acompaña políticamente, pero eso no me ubica automáticamente del lado de la derecha asesina, puedo entender los aspectos positivos de la gestión pero no me conformo. 

Me considero una persona capaz de entender cuando una oposición comete el más descarado de los chantajes y cuando pretende construir y profundizar el trabajo en pos de una argentina realmente justa, soy quien desde la critica intenta construir y acompaño la lucha de aquellos que lloran y sufren el desinterés político que se lleva la vida de hombres y mujeres.

Todo  esto  fue lo que me llevo a pedir una entrevista con el gobernador, llevándole la crítica más justa de como funciona su policía bonaerense, aquella que defiende, sostiene y de vez en cuando castiga dependiendo a quien se haya dañado y el grado de repercusión que su accionar ocasionara, y pienso “cuanto hubiese ayudado a la causa de mi hermano una actitud similar a la  que tuvo con los policías que agredieron a la agrupación política La Cámpora el día de su asunción como gobernador”; por  un lado policías desplazados y por el otro libres y trabajando en funciones. Esto que comparo no quiere decir que no coincida con el castigo hacia estos policías violentos, solo que al hacerlo pienso “en el caso de mi hermano están libres y trabajando en funciones 8 policías que secuestraron porque no hay registros de detención; torturaron, porque así se atestigua en la causa y desaparecieron a un pibe pobre del barrio de lomas del mirador”.
Luciano y sus familiares fuimos  humillados,  el caso fue invisibilizado por completo por el gobernador  mientras  respaldaba medidas represivas que agravaban más la situación de los pobres, aumentando los niveles de discriminación y criminalización, en el caso de mi hermano no hubo apoyo del aparato estatal y si lo hubo fue poco y fuera de tiempo.
Me genera una enorme tristeza como víctima de la violencia institucional, y con la total responsabilidad de hablar en nombre de otras víctimas, que sigan sin reconocerse políticamente las desapariciones o muertes  de seres humanos en democracia en manos de las diferentes fuerzas. Mi hermano Luciano arruga el 31 de enero del 2012 cumplirá 3 años de desaparecido y nunca hemos sido atendidos sus familiares por el gobernador de la provincia de buenos aires; según nos respondieron “no contaba con tiempo en su agenda”, ¿tendrá en estos 4 años algunos minutos para brindarnos?

El gobernador que dice ser del pueblo y defensor de los derechos humanos de los compañeros víctimas de la última dictadura no puede atender a un integrante del pueblo que le presenta el pedido más digno, solidaridad. Cuanto hubiese ayudado un gobernador que respondiera al llanto de una madre que decía que a su hijo lo había desaparecido la policía por decir no a robar para ellos; que lejos estoy de este señor que llega para la foto y siempre y cuando el caso este en el ojo de los flashes de los diferentes medios oficialistas u opositores. Que tristeza que las vidas valgan por lo que venden mediáticamente!!!
Luciano desde que desapareció aquel 31 de enero del 2009 nunca fue considerado como un ser humano, nunca quisieron visibilizar la problemática que escondía detrás el caso de este pibe de 16 años que sufrió la violencia física y psicológica por parte de miembros de una institución que les pertenece, y les obedece a ustedes, a cada uno de los poseedores de cargos de poder que debieron tener injerencia también en el caso y dar respuestas a una familia que todo lo que logro lo logro con la lucha en la calle y en compañía de aquellos que comprenden el sufrimiento de sus hermanos dentro de una sociedad todavía  injusta.
El 31 de enero del 2012, como dije antes, se cumplirán 3 años de la desaparición de mi hermano y en esta nueva etapa política solo escuche la voz de una mujer mencionando los nombres de Luciano arruga, Marita Veron y todas las víctimas de la violencia institucional; la señorita Victoria Donda, el día de su asunción fue quien recordó a estas  personas que son ejemplo de tristes problemáticas que nos toca vivir  en nuestra argentina, el “gatillo fácil” y la “trata de mujeres”, lastimoso es que solo se haya tenido en cuenta como fue vestida y aspectos de su vida personal que a nadie debería importar.
El pedido de justicia sigue más fuerte que nunca, ojala pueda ser escuchado por quienes hasta ahora no han tenido interés en atender uno de los casos más graves de la provincia de buenos aires “la desaparición de un joven de 16 años llamado Luciano arruga”.

Aparición ya de Julio Lopez, Luciano Arruga y todos los desaparecidos en democracia!

Vanesa Orieta, hermana de Luciano.